En Colombia, la actividad ilegal impulsada por el lavado de dinero es equivalente a 3% del PIB del país. Este es uno de los fenómenos más representativos de la economía subterránea en Colombia por lo que la administración local está desarrollando e implementando más y mejores formas de identificar y detener a las compañías o individuos incurriendo en este delito.
De acuerdo a la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia que cuando una persona u organización genera ganancias de actividades ilegales, las personas involucradas buscan maneras de controlar los activos sin ser descubiertas. En otras palabras, los delincuentes “lavan” los ingresos antes de gastarlo o invertirlo en la economía legal. Este proceso es comúnmente conocido como “lavado de activos” o “lavado de dinero”. En Colombia, específicamente, el lavado de dinero está presente a gran escala particularmente en los sectores de servicios, comercial y de intermediación financiera.
A pesar de esto, un estudio del Basel Institute on Governance (BIG indica que, Colombia, Chile y Perú son los países de América Latina que presentan menor vulnerabilidad de su infraestructura jurídica e institucional ante las actividades de lavado activos. En una escala donde cero significa la ausencia de riesgos y 10 la mayor exposición a estos delitos, Colombia obtuvo un 4.61, Chile 4.07 y Perú 4.42. Bolivia y Paraguay presentan la mayor debilidad dentro del listado de 162 países con 7.32 y 7.59, respectivamente.
Colombia ofrece mayor control
Recientemente la Asociación Bancaría de Colombia (ASOBANCARIA) reunió a representantes de instituciones públicas y empresas privadas con el fin de establecer las últimas tendencias en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo y determinar maneras para proteger a las estas instituciones de los efectos de estas prácticas.
Durante el evento se hizo mención de nuevas regulaciones que serán implementadas para identificar y controlar estas prácticas. Una de las nuevas regulaciones conllevará que, desde el próximo año, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) auditará a todas las compañías de los sectores agropecuario, industrial y de servicios sobre su sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El GAFI tiene como objetivo promover e implementar efectivamente medidas legales, regulatorias y operacionales para combatir el lavado de activos, financiación del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
Además, el país recientemente estableció una norma donde la Superintendencia de Sociedades de Colombia tiene la potestad para solicitar a ciertas compañías que implementen su propio sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo interno. Aquellas que no cumplan con este requerimiento podrán incurrir en sanciones.
Estos son solo algunos de los esfuerzos que se están desarrollando en Colombia y es sin duda solo el comienzo de una tendencia que llevará a que, en algún punto, todas las compañías sean controladas y supervisadas a través de la gestión de su sistema interno de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo.
No termina aquí
El lavado de activos no es la única actividad ilícita que está afectando a los países latinoamericanos. Lea nuestro documento informativo Corrupción en Latinoamérica: ¿está protegiendo su negocio?, donde echamos un vistazo a varios países de Latinoamérica, lo que están haciendo para combatir la corrupción y algunas situaciones recientes que han acaparado los titulares.
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