El surgimiento de grupos fundamentalistas y actos terroristas ha motivado una nueva reflexión sobre los procedimientos contra la financiación del terrorismo en todo el mundo. Los terroristas parecen estar bien conscientes de cómo funcionan, por el momento, las leyes contra el lavado de dinero y contra el terrorismo, y parecen organizar su régimen para evitar, deliberadamente, la presentación sistemática de información financiera.
Por ejemplo, algunos estudios muestran organizaciones extremistas que utilizan un régimen especial de financiación, para evitar ser reportados: sumas pequeñas de dinero que son difíciles de rastrear, en especial si involucran un número grande de personas; por tratarse de sumas pequeñas, no necesariamente se disparan campanas de alarma sobre financiación del terrorismo. Al mismo tiempo, en lo que se refiere al sistema bancario, se adhieren a los requisitos de informes contra el lavado de dinero.
La lucha contra la financiación del terrorismo tomó un giro fascinante cuando varios grupos de ‘hackers’ internacional anunciaron planes de dirigir su acción hacia los bancos, países, e individuos identificados por ellos como responsables de contribuir a la financiación de organizaciones terroristas. Estos esfuerzos subrayan la necesidad de que los gobiernos, bancos y legisladores, trabajen arduamente en erradicar las fuentes de financiación.
Los expertos concuerdan en que los grupos fundamentalistas se financian principalmente mediante transacciones externas, tales como ventas de petróleo en el mercado negro y pagos de rescates, así como mediante transacciones internas tales como cobros de impuestos, tráfico humano y adquisición de bancos. Cuando las transacciones externas se realizan en efectivo, tienen lazos con el sistema bancario formal. Por ejemplo, los pagos de rescates se originan en cuentas bancarias de compañías de seguros y agencias del gobierno en la UE, utilizando corredores para realizar pagos en efectivo a los terroristas.
Hoy, más que nunca, el sector bancario y el financiero deben intensificar sus controles y procedimientos contra el lavado de dinero (ALD) y contra la financiación del terrorismo (CFT) Además, deben considerar la relevancia de estos controles y realmente conocer y entender a sus clientes y sus relaciones, así como los sectores y geografía de sus actividades.
Consecuentemente, las labores continuas de debida diligencia deben incluir el monitoreo constante de los datos personales de los clientes, verificando las listas negras de libre acceso y que todas las autoridades pertinentes tienen disponibles en todo el mundo.
Pero imaginemos, entonces, el tamaño que podría tener la sección de datos personales de los clientes para un intermediario financiero y, por lo tanto, el tiempo y el personal necesario, y costos involucrados requeridos para garantizar que una institución pueda verificar todos los datos con las listas públicas, o buscar noticias relativas a los clientes.
Una solución más efectiva e independiente podría ser la de trabajar con un proveedor de servicios de "Conozca a su cliente" (KYC) dedicado a mantener datos actualizados, de forma constante, y que señale diariamente anomalías en los nombres y datos de los clientes. Esto podría ayudar a cerrar una brecha informativa y, como resultado, ahorrar tiempo y dinero para su organización.