Otro aliado en la lucha contra la corrupción en Brasil

Buscando fortalecer sus instituciones, Brasil ha consolidado sus organismos para la prevención y lucha contra la corrupción.

Con esto, hemos visto la institucionalización de los organismos de control e inspección, como el Tribunal Federal de auditoría (TCU) y la Oficina del Contralor Federal (CGU). Asimismo, en el 2004 se implementó el Portal de Transparencia del Gobierno Federal, que nos permite visualizar dónde se aplican los recursos públicos. Iniciativas como éstas tienen el objetivo de aumentar la transparencia de la gestión pública, permitiendo a los ciudadanos vigilar y dar seguimiento a la forma en que se utiliza el dinero público.

Recientemente, en octubre, avanzamos en esta dirección. El estado de Río de Janeiro confirmó la Ley Estatal no. 7753/2017, que obliga a las empresas contratadas por el gobierno a formular un programa de integridad contra la corrupción (Integrity Program). El programa será obligatorio en nuevas contrataciones (incluyendo ofertas) con valores superiores a R$1.5m para obras y servicios de ingeniería; y por encima de R$650,000 para compras y servicios con un contrato de seis meses o de más largo plazo.

Aplicación

La nueva ley se aplica a cualquier tipo de corporación, ya sea emprendedora o simple, fundaciones y asociaciones, entidades, personas o empresas extranjeras que tengan representación en el territorio nacional. Significa que los que no están en el Programa de Integridad simplemente no pueden ser contratados.

Para cumplir con los requisitos de la ley, el Programa de Integridad debe ser estructurado, aplicado y actualizado de acuerdo con las características actuales y los riesgos de las actividades de cada entidad legal. El mismo debe vigilar la constante mejora y adaptación del programa, asegurando su efectividad.

Evaluación

De acuerdo con el artículo 4 de la ley, el Programa de Integridad será evaluado de acuerdo a los siguientes parámetros:

  • Compromiso de la alta gerencia.
  • Normas de conducta aplicadas a todos los empleados y gerentes.
  • Normas de conducta aplicadas a todos los proveedores y proveedores de servicios.
  • Capacitación y análisis de riesgos periódicos.
  • Independencia del organismo responsable de la implementación del Programa de Integridad.
  • Canales para denunciar irregularidades (abiertas, reveladas y con políticas de no represalias de informantes).

Cuando observamos programas similares realizados en el extranjero, vemos que son instrumentos exitosos para crear una matriz de riesgo efectiva (evaluación de riesgo), un programa de formación continua y la aplicación de mecanismos de ejecución, como los canales de quejas.

Las ventajas existen, pero también hay retos. La ley no contiene una definición concreta de lo que debe ser incluido por el programa, de ahí la necesidad de apoyo externo para que las empresas puedan implementarlo como se planificó.

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TMF Brasil ofrece un paquete completo de servicios según provistos por la ley, que apoyan a las empresas que participan en la contratación pública en el estado de Río de Janeiro.

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