La Ley de Transparencia Empresarial (CTA) entrará en vigor el 1 de enero de 2022. Esta legislación impondrá nuevos requisitos de presentación de información sobre el beneficiario final (UBO) a nivel federal para determinadas entidades nuevas, así como para las entidades existentes que están o estarán activas en la secretaría de Estado.
Si bien Estados Unidos continúa siendo un mercado popular para las empresas que buscan expandir sus negocios, el aumento y la escala de las demandas regulatorias presentan nuevos e importantes desafíos para las empresas. Los requisitos legales varían tanto a nivel federal como estatal, y mantener una buena gobernanza a raíz de los nuevos requisitos puede ser un verdadero reto para quienes operan en EE. UU., así como para quienes entran en el mercado por primera vez.
Los procedimientos de gobernanza de las entidades pueden ser difíciles de gestionar en muchos casos, pero el hecho de que una entidad esté registrada en varios estados, lo que suele ocurrir en el caso de las grandes instituciones, es el denominador común en la mayoría de los escenarios de gestión de entidades complejas en Estados Unidos.
La constitución de empresas en los EE. UU.
Constituir una empresa en los Estados Unidos es un proceso relativamente sencillo, especialmente si se cuenta con un proveedor de servicios corporativos o un agente registrado de confianza. Los plazos de presentación pueden variar, y pueden tardar hasta varios días en obtener las pruebas de presentación necesarias, debido a que cada estado tiene sus propios requisitos para los distintos tipos de entidad.
Para recibir el mejor asesoramiento jurídico y fiscal antes de proceder a la constitución de la sociedad, es aconsejable ponerse en contacto con un abogado y un asesor fiscal para cada nueva entidad que se cree.
La complejidad de registrarse en varios estados
Las distintas secretarías de Estado de EE. UU. se esfuerzan por facilitar la gestión de las entidades, pero hacer un seguimiento de los distintos requisitos en 50 jurisdicciones estatales y territorios distintos es una tarea compleja para las organizaciones.
Cada estado o territorio tiene sus propias leyes y lineamientos, y cada uno de ellos tiene también sus propias normas y reglamentos sobre los requisitos de información anual y la presentación de impuestos de franquicia. Esto puede ser una gran carga de trabajo para que las empresas lo gestionen por sí mismas, lo que pone de manifiesto la ventaja de contar con un proveedor de servicios corporativos o un agente registrado comprometido y organizado, para ayudar a preservar la buena reputación de una entidad.
TMF Estados Unidos supervisa y hace un seguimiento de todos los plazos en cada uno de los estados y territorios de EE. UU., presentando un modelo de negocio que mantiene automáticamente a las entidades en cumplimiento con la normativa a largo plazo. Dentro de nuestras prácticas, realizamos un seguimiento de la legislación nueva y cambiante, así como de los procedimientos de gobernanza, presentación de formularios y otras medidas adoptadas por las secretarías de estado, para ayudar a garantizar que las presentaciones se realicen a tiempo y sin problemas, y evitar cualquier sanción o pago de tasa innecesarios.
Requisitos cambiantes: la ley de transparencia corporativa
En los últimos diez o quince años, las empresas estadounidenses han lidiado con crisis financieras, una pandemia y disturbios civiles; pero no sin un impacto en la economía. Con cada cambio, muchas empresas han reducido su personal, lo que ha dado lugar a la negligencia en la gobernanza y a la desactualización de los libros de actas, todo ello en un momento en que la transparencia empresarial es cada vez mayor.
Por primera vez en la historia de EE. UU., todas las entidades activas registradas en las secretarías de Estado, que cumplan determinados criterios, tendrán ahora que presentar también informes a la Red de Aplicación de los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) en el momento de su constitución o de su creación, o recibirán sanciones severas. Luego del 1 de enero de 2022, las entidades nuevas que cumplan con los requerimientos de la ley deberán informar al Departamento del Tesoro, concretamente a la FinCEN, sobre la titularidad real, tal como se indica en la Ley de Transparencia Corporativa (CTA). Las entidades existentes que cumplan con esos mismos requerimientos deben completar un informe dentro de los dos años de la fecha efectiva de las nuevas regulaciones.
La CTA define la propiedad efectiva como una persona física o persona(s)...“...que, directa o indirectamente, a través de cualquier contrato, acuerdo, entendimiento, relación o de otro modo (i) ejerce un control sustancial sobre la entidad, o (ii) posee o controla no menos del 25 % de los intereses de propiedad de la entidad...” y está diseñada para acelerar el proceso de identificación de la actividad criminal.
TMF Estados Unidos está trabajando para mantener a todos sus clientes informados y actualizados sobre este requisito, de modo que, cuando la ley se apruebe, las entidades a las que asesoramos ya estarán muy familiarizadas con los requisitos. Creemos que todos los que se ocupan de la información de la empresa, las calificaciones, los detalles del libro de actas o la gobernanza deben estar familiarizados con la CTA.
Sanciones por incumplimiento
La CTA prevé importantes sanciones civiles y penales por no comunicar y revelar la información correctamente. Proporcionar o intentar proporcionar deliberadamente información falsa o fraudulenta sobre la propiedad efectiva a la FinCEN, o no presentar deliberadamente los datos completos, puede dar lugar a sanciones civiles de hasta 500 dólares por día, multas penales de hasta 10.000 dólares y, potencialmente, penas de prisión de hasta dos años. Las sanciones por la divulgación no autorizada de información sobre la propiedad efectiva por parte de empleados públicos incluyen hasta cinco años de cárcel y multas de hasta 250.000 dólares.
Es importante tener en cuenta que existe un pacto de seguridad que permite corregir la información incorrecta en un plazo de 90 días, siempre que la empresa que informa no intente eludir los requisitos de información.
Aunque muchas empresas estarán obligadas a informar a la FinCEN, hay una serie de exenciones que permiten a las empresas de cierto tamaño o tipo, incluidas las que cotizan en bolsa, las instituciones financieras y las organizaciones sin ánimo de lucro, optar por no hacerlo. TMF EE. UU. recomienda que cualquier persona con entidades activas converse sobre la CTA con su asesor legal para determinar definitivamente si su empresa está obligada a informar a FinCEN o puede estar exenta de presentar información UBO.
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Los servicios de gestión de entidades de TMF Group en Estados Unidos pueden ayudarle a seguir cumpliendo la legislación local y los requisitos de UBO. Nuestra oferta integral proporciona una solución a largo plazo teniendo en cuenta los requisitos de gobernanza en constante evolución.
TMF Group gestiona la información y los informes UBO como una práctica estándar en todos nuestros mercados globales. Nuestros expertos internos en gestión de entidades globales y gobernanza, que operan en más de 80 jurisdicciones, están preparados para ayudarle con los nuevos requisitos de cumplimiento de UBO en los EE. UU., y en cualquier otro lugar donde haga negocios.
Si necesita ayuda con cualquier aspecto relacionado con la gobernanza de su entidad en EE. UU., o con el cumplimiento del beneficiario final, haga una consulta hoy mismo.