El 23 de abril de 2021, el gobierno mexicano publicó un decreto que prohíbe a las empresas depender únicamente de la subcontratación. La “regulación en materia de outsourcing” pretende incorporar a más trabajadores a la economía formal y reclamar los derechos de quienes no han recibido la protección adecuada como subcontratistas.
La regulación afectará significativamente a muchas empresas, incluidas las empresas con servicios compartidos internos y las que reciben servicios de un proveedor con un modelo de subcontratación. Con la regulación que entrará en vigor el 1 de agosto de 2021 o antes es fundamental que las empresas actúen de inmediato y se aseguren de que sus estructuras y procesos cumplan con la nueva ley antes de la inminente fecha límite.
La ley abarca a cualquier entidad individual o legal que proporcione empleados para ser supervisados o dirigidos por un tercero y que determine los servicios del trabajo a realizar.
La regulación prohibe:
- La subcontratación de personal que consiste en que una empresa o persona física proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra en una actividad directamente relacionada con la principal actividad del beneficiario.
- La subcontratación de actividades principales, es decir, la actividad económica principal de la que la empresa obtiene la mayoría de sus ingresos (a efectos fiscales).
Las empresas son responsables solidarias de las empresas de subcontratación que no cumplan con sus obligaciones en materia fiscal, laboral y de seguridad social; también existen cargos por evasión y fraude fiscal por incumplimiento. Las multas por prestar servicios de subcontratación o recibir servicios oscilarán entre 2.000 y 50.000 veces la "Unidad de Medida y Actualización", es decir, entre 180.000 y 4.481.000 pesos mexicanos aproximadamente (o 9.000 y 224.000 dólares estadounidenses). La misma multa se aplicará al prestador de servicios especializados o a la entidad que realice trabajos especializados sin la autorización del Ministerio de Trabajo.
La regulación permite:
- La subcontratación de servicios especializados o la actividad económica que no formen parte del objeto social o de la actividad económica preponderante del beneficiario, siempre que el contratista esté inscrito en el registro público del Ministerio de Trabajo.
En cuanto a la participación en beneficios, el monto tendrá un límite máximo de tres meses del salario del trabajador o bien el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, cualquiera que resulte más favorable para el trabajador.
Evaluación
La amplitud del reglamento subraya la importancia de evaluar lo que la reforma significa para su empresa.
Si su empresa depende de los servicios de terceros para hacer frente a las temporadas con mayor actividad laboral, o su organización está estructurada para hacer más eficiente el costo de las funciones de apoyo, es muy probable que la reforma para regular las actividades de subcontratación tenga un impacto en la forma en que opera y se organiza para satisfacer sus necesidades empresariales, ya sea teniendo que considerar la incorporación de los actuales empleados de terceros que complementan su fuerza laboral, o incluso reestructurando su grupo de empresas y teniendo que pagar más reparto de beneficios. En cualquier caso, el impacto será generalizado y tendrá que entender lo que significa para su empresa.
Tiempo de actuar
A menos de dos meses de su entrada en vigor, las empresas que operan en México no tienen mucho tiempo para asegurarse de que cumplen con las exigencias de la nueva normativa. Esto podría incluir la interpretación de la regulación y el ajuste de los procesos de cumplimiento de la nómina y los impuestos.
Las empresas deben abordar las exigencias de la regulación sin demora y evitar la esperada presión de necesitar la ayuda del gobierno a medida que el plazo se acerca.
Debe actuar ahora mismo. La reforma afectará a muchos aspectos de su empresa y sus operaciones y, en la mayoría de los casos, tendrá que competir por la atención de los organismos gubernamentales desbordados por otras empresas como la suya que buscan cumplir con la normativa antes del 1 de agosto.
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