La economía digital ha demostrado ser una fuente de dificultad y preocupación para los administradores tributarios y reguladores fiscales. Asimismo, la pandemia global ha aumentado estos desafíos, dado que las compras y ventas en línea de bienes y servicios han alcanzado niveles más altos.
Las principales preocupaciones en relación con los impuestos de la economía digital fueron identificadas y examinadas por la OCDE en 2015, y sus lineamentos continuaron evolucionando desde ese momento. En resumen, la OCDE trató de abordar tres áreas principales:
- Cómo se gravan los bienes y servicios.
- Cómo se informan los bienes y servicios.
- Quien es el responsable de la recaudación de los ingresos fiscales relacionados con los bienes y servicios digitales.
Por ello, la OCDE ha elaborado una serie de normas y lineamientos que han sido adoptados gradualmente por la mayoría de los países. Las soluciones que ha sugerido la OCDE son las siguientes:
- Aplicar una norma relacionada con el “lugar de imposición” basada en la residencia principal del consumidor. Por ejemplo, si los bienes son comprados por un individuo que reside en México, entonces deben ser gravados en México, de acuerdo con las normas locales.
- Agregar un requisito para que los proveedores digitales no residentes se registren y contabilicen el IVA/GST en las ventas digitales “remotas”. Los requisitos de registro fiscal adoptan diferentes formas. Algunos países exigen registros de IVA/GST y/o representantes fiscales locales, mientras que otros países prefieren aplicar un mecanismo de retención fiscal en un intento de controlar mejor el flujo de ingresos fiscales.
- Agregar un mecanismo simplificado de recaudación y cumplimiento por el que las plataformas digitales pasen a ser responsables del IVA/GST. Esta parece ser una opción popular, especialmente en Europa.
- Complementar el funcionamiento del régimen simplificado de recaudación y cumplimiento con la aplicación de una moderna estrategia de cumplimiento basada en el riesgo y una sólida cooperación administrativa. La administración fiscal requiere una información detallada de las transacciones y la validación de los datos con las contrapartes.
Complicaciones adicionales para las plataformas internacionales
La OCDE ha identificado otro reto potencial: como las plataformas digitales operan en múltiples jurisdicciones, existen riesgos en cuanto al cumplimiento de las normativas nacionales de información en cada país. También hay una carga adicional para las plataformas digitales en términos de hacer frente a los diversos formatos de presentación de informes y el requisito de información diferente, dependiendo de la jurisdicción en cuestión.
Recientemente, la OCDE ha emitido nuevas normas en cuanto a la presentación de informes que deben realizar las plataformas digitales. Los requisitos mínimos son los siguientes:
- Las plataformas deben recopilar información para identificar con exactitud quién es el vendedor y dónde está radicado, así como cuánto ha ganado en la plataforma durante un período anual.
- Las plataformas deben verificar la información del vendedor para garantizar su exactitud.
- Las plataformas deben comunicar la información, incluidos los ingresos del vendedor, a la autoridad fiscal anualmente antes del 31 de enero.
- Las plataformas también deben dar esa información a los vendedores, para que puedan utilizarla para ayudarles a completar sus declaraciones de impuestos.
- A continuación, las autoridades fiscales intercambian información con otras autoridades fiscales en las que residen los vendedores (o en las que se encuentra la propiedad alquilada).
- La información es utilizada por las autoridades fiscales para asegurarse de que los vendedores cumplen con sus obligaciones fiscales y para abordar el incumplimiento si no lo hacen.
- Las autoridades fiscales deben hacer cumplir las normas y comprobar que las plataformas las aplican correctamente, y puede haber sanciones en caso de incumplimiento.
Variaciones a nivel jurisdiccional e incumplimiento
Más de 60 países de todo el mundo han adoptado las directrices de la OCDE y las han incorporado a su legislación. Sin embargo, la forma en que lo han hecho, el alcance de la cobertura y las consecuencias del incumplimiento pueden variar mucho.
Por ejemplo, los requisitos de registro pueden variar desde la imposición a cada proveedor de bienes y servicios digitales, hasta la imposición de registros sólo después de alcanzar determinados umbrales de ingresos, como es el caso de Tailandia. También hay jurisdicciones, como Vietnam, en las que no existen requisitos de registro para los proveedores, sino que son los clientes (en el caso de B2B) o los bancos comerciales (en el caso de B2C) los responsables de declarar y retener el impuesto.
Los requisitos de declaración de impuestos también pueden diferir, desde la simple emisión de facturas, como en Arabia Saudita, donde una aplicación de comercio electrónico es responsable de emitir la factura de venta, hasta una declaración más exhaustiva que podría abarcar algunas áreas de la transacción, o la divulgación y declaración completas, como en la República Checa, donde la información declarable incluye información seleccionada sobre la plataforma, su operador, los vendedores y las transacciones efectuadas.
En cuanto a las consecuencias del incumplimiento, éstas pueden ir desde castigos leves hasta fuertes sanciones. En México, por ejemplo, la definición de servicios digitales es bastante amplia y se ha ampliado para incluir la intermediación por o entre terceros y los servicios de intermediación en la transferencia de bienes muebles de segunda mano. Las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de registro y notificación son bastante graves y pueden llegar hasta el bloqueo temporal del acceso al servicio digital. Las sanciones de bloqueo temporal se aplican a la falta de registro a su debido tiempo ante las autoridades fiscales locales, a la designación de un representante legal, a la comunicación de un domicilio local o a la obtención de una firma electrónica.
Además, el bloqueo temporal también puede aplicarse en caso de que los no residentes no paguen el IVA al Estado, o no se presenten a tiempo las declaraciones fiscales (por ejemplo, de pagos, declaraciones informativas, etc.) durante tres meses o dos trimestres consecutivos.
En otros países, como la República Checa, existen importantes consecuencias financieras por no informar de acuerdo con los requisitos locales. Las multas pueden ascender a 60.000 euros por cada infracción individual.
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