El mundo tributario pospandémico está dominado por los cambios en las normas en materia fiscal y los requisitos de información fiscal adoptados por los gobiernos con el propósito de aumentar los ingresos fiscales.
Más del 40 % de los profesionales en el área de impuestos creen que los cambios fiscales serán más complejos y más frecuentes
Los cambios más significativos en términos normativos que darán forma al ámbito tributario en los próximos cinco años son los siguientes:
1. La incorporación de la tasa fiscal mínima global
Inicialmente, las grandes empresas, aquellas con ingresos consolidados superiores a 750 millones de euros (US$ 844 millones), deberán pagar un tipo impositivo mínimo del 15 % a partir de 2023. Sin embargo, ya podemos ver cómo esta nueva norma afecta a algunos de los países en los que el impuesto de sociedades no era una preocupación hasta ahora. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos incorporarán un impuesto de sociedades del 9 % a partir del 1 de junio de 2023 y pondrán fin a un largo periodo “sin impuestos”. Se espera que otros países sigan su ejemplo y aumenten los tipos impositivos o cambien las normas tributarias (por ejemplo, un área que requerirá mayor consideración es si se pueden utilizar incentivos fiscales para reducir el tipo impositivo efectivo y cómo hacerlo).
Independientemente del momento y de las reacciones que se produzcan, las empresas que operan a nivel internacional tendrán que revisar sus operaciones globales para identificar si se producirá un aumento de su tipo impositivo efectivo, analizar el impacto en los flujos de caja y supervisar los cambios legales en las jurisdicciones con tipos impositivos bajos, cambios que podrían repercutir en su tipo impositivo efectivo incluso si no entran en la categoría de grandes empresas según la definición de la OCDE.
2. Los impuestos en la economía digital
La tendencia es ampliar la definición de los servicios incluidos en el ámbito de la fiscalidad digital. La consecuencia es que un mayor número de empresas tienen que pagar el impuesto digital, o bien tienen que registrarse en países donde antes no tenían esa obligación y tienen que informar de más detalles sobre sus transacciones. En cualquier caso, el costo de hacer negocios aumenta. Las empresas que operan en este ámbito tienen una pesada carga para mantenerse al día con las definiciones de los servicios y comprender las normas sobre el establecimiento permanente digital. México, Ucrania y la República Checa son algunos de los países que han incorporado cambios en este ámbito.
3. Mayor adopción de BEPS
El año ha comenzado con muchas novedades de erosión de la base y traslado de beneficios (BEPS). La OCDE ha publicado un proyecto de normas sobre el nexo y el origen de los ingresos y ha actualizado los lineamientos sobre precios de transferencia. A nivel nacional, Costa Rica, Dinamarca y Perú han aportado más claridad en torno a la definición de establecimiento permanente (EP). Los departamentos fiscales deben seguir los cambios y evaluar continuamente las implicancias de los establecimientos permanentes y la necesidad de registrarlos.
Requisitos de información fiscal cada vez más complejos
El 45 % de las autoridades fiscales en el mundo requieren facturación electrónica
Las autoridades fiscales impulsan cambios en la forma de interactuar con los contribuyentes y la digitalización de la presentación de impuestos. La digitalización puede ser tan sencilla como utilizar portales en línea para presentar las declaraciones de impuestos y tan compleja como tener una interfaz en tiempo real con las autoridades fiscales para informar de todas y cada una de las transacciones. El número de administraciones tributarias que optan por exigir la presentación de informes transaccionales detallados en tiempo real, o casi en tiempo real, aumentó del 40 % en 2020 al 45 % en 2021, y sigue siendo una tendencia al alza. Polonia anunció recientemente la incorporación de la facturación electrónica en 2023. Rumanía está probando la presentación de informes SAF-T en los grandes contribuyentes en 2022 y tiene previsto ampliarla en 2023.
La administración fiscal digital cambia la forma en que las empresas gestionan los datos, los validan e invierten en tecnología. La administración fiscal digital acelera la digitalización de los impuestos a nivel de las empresas, pero también requiere que las fuentes de datos se consoliden, que las normas fiscales se entiendan y configuren bien en la tecnología fiscal, y que las validaciones fiscales se trasladen a la fase anterior, ya que cuando se presentan los datos no hay punto de retorno.
Anticiparse a las estrategias digitales de la administración fiscal es clave para configurar las estrategias de gestión de datos y adopción de tecnología de las empresas. El departamento fiscal debe ser uno de los principales interesados en las estrategias de digitalización y automatización internas por el impacto fiscal que pueden tener estas decisiones.
Estrategias fiscales estrictas
Casi el 40 % de las jurisdicciones no notifican o lo hacen con poca anticipación en caso de realizar una auditoría fiscal
La aplicación de los impuestos ha evolucionado como resultado del Covid-19, con las autoridades fiscales con deseos de garantizar el cumplimiento de las normas fiscales y la recaudación de los ingresos fiscales. La aplicación de los impuestos se ha orientado más hacia los datos, especialmente en las jurisdicciones que han aplicado la digitalización. Los datos transaccionales recogidos de los contribuyentes se utilizan para evaluar cuáles ofrecen un riesgo y para planificar las auditorías fiscales.
Por ejemplo, en China las autoridades fiscales cotejan los datos enviados por los contribuyentes a las múltiples autoridades, como la administración del bienestar del estado y la regulación del mercado. Mediante el uso de big data, realizan un análisis de ratios para identificar información contradictoria en comparación con otras empresas de cada sector, con auditorías fiscales desencadenadas por esta recopilación de datos.
España ha anunciado recientemente su plan de auditoría para 2022. Los pagos de dividendos, intereses y cánones a residentes no españoles sin establecimiento permanente en España se designan en el plan de auditoría como un “área de atención preferente, especialmente en el caso de las grandes empresas”. El plan también indica el uso de la tecnología para aprovechar los datos fiscales masivos proporcionados por DAC6, CRS, FATCA o la información país por país.
Otra consideración es que las administraciones tributarias han levantado las desgravaciones permitidas durante la pandemia. Los plazos de presentación ampliados y las sanciones no previstas ya no están disponibles, por lo que las empresas deben garantizar un cumplimiento adecuado y oportuno.
Las empresas deben vigilar de cerca la exactitud de los datos fiscales declarados y la conciliación de datos se convierte en algo fundamental. Al mismo tiempo, las empresas deben seguir los cambios en las políticas fiscales y adaptar sus estrategias fiscales a dichos cambios para minimizar el riesgo de controversia fiscal.
Un mejor mecanismo de cooperación
Más del 80 % de las administraciones fiscales ofrecen orientación en línea o asistencia telefónica
La pandemia ha obligado a las administraciones tributarias a mejorar la comunicación con los contribuyentes. Mientras que en 2020 solo el 52 % de las administraciones tributarias proporcionaron apoyo para entender las normas y reglamentos fiscales, el porcentaje aumentó significativamente en 2021.
Además de este tipo de apoyo, Países Bajos, Reino Unido, Austria y Estados Unidos han puesto en marcha programas de cooperación en materia de cumplimiento fiscal para grandes empresas. Las empresas y las administraciones tributarias se asocian para mejorar los marcos de control fiscal y gestionar los riesgos fiscales, ayudando a gestionar los retos de la aplicación de las diferentes normas fiscales. Los beneficios incluyen dedicar menos tiempo a las auditorías fiscales, explicar las posiciones fiscales y reducir las controversias fiscales.
Estimamos que los programas de cooperación fiscal se ampliarán, permitiendo a los contribuyentes colaborar estrechamente con las autoridades fiscales para aplicar correctamente las disposiciones fiscales.
Comprender y aprovechar los distintos niveles de soporte que ofrecen las autoridades fiscales es clave para gestionar eficazmente el riesgo de controversia fiscal.
En conclusión, una gestión eficaz del riesgo fiscal requiere conocimientos fiscales, controles sólidos, fuentes de datos válidas y un conocimiento profundo de los cambios fiscales. Las empresas deben tener en cuenta todos estos elementos en sus políticas fiscales y estrategias digitales.
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Los cambios en las normas fiscales y el aumento del escrutinio pueden convertir un error de cumplimiento local en una vergüenza internacional, por lo que el cumplimiento fiscal está en el centro de todo lo que hacemos.
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