Estados Unidos aplica una legislación destinada a prevenir las prácticas empresariales corruptas, como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las normas sobre la divulgación del beneficiario final que se recogen en la ley de transparencia corporativa (CTA) son las primeras que afectan a las entidades registradas en la secretaría de Estado. Estas normas afectarán a numerosas empresas que operan en el país y que deberán prepararse anticipadamente.
Las normas alinearán a Estados Unidos con las prácticas internacionales
Durante más de 20 años, muchos países, incluidos los del G8 y el G20, han cooperado para terminar con el blanqueo de capitales y otras actividades ilegales. Uno de los principales objetivos de estos esfuerzos ha sido mejorar la transparencia del beneficiario final en todas las jurisdicciones y entre ellas, para identificar claramente quién es el propietario, quién controla y quién se beneficia de las actividades de estas empresas.
Estas medidas pretenden proteger la seguridad nacional e internacional, proporcionar información esencial a los organismos encargados de la aplicación de la ley y a la comunidad de inteligencia, y promover la transparencia financiera. EE. UU. se está preparando para unirse a muchos países, como Canadá, el Reino Unido y todos los miembros de la Unión Europea, incorporando requisitos de divulgación del beneficiario final en sus marcos legales y reglamentarios nacionales.
La Red de Aplicación de los Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) y la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), que se espera que se convierta en ley a finales de este año, están trabajando contra la proliferación de empresas anónimas con estos nuevos requisitos de divulgación del beneficiario final de EE.UU., alineándose así con las prácticas mundiales.
¿Cuándo entrarán en vigor las nuevas normas de la CTA?
La normativa debía entrar en vigor el 1 de enero de 2022, pero el FinCEN la retrasó mientras recopilaba los comentarios del público, cuyos resultados aún no se han anunciado. Los expertos del sector esperan que se publique una actualización de esta normativa en 2022, aunque el calendario está sujeto a interpretación.
¿Qué empresas estarán obligadas a informar?
La CTA sigue afinando la definición de “empresa declarante”. Será importante que todas las empresas revisen el nuevo reglamento con un abogado y determinen si su entidad o entidades se ajustan a esta definición. Las empresas declarantes, tal como se definen en la ley, constituidas (o formadas) después de que la CTA se convierta en ley, estarán sujetas a sus normas de información.
Las empresas constituidas antes de la entrada en vigor de la ley tendrán que cumplirla en el plazo de uno o dos años, según las estimaciones actuales. Las previsiones de la FinCEN indican que las nuevas normas de información se aplicarán a unos 30 millones de entidades nacionales existentes y a otros 3 millones que se constituirán en Estados Unidos durante el próximo año.
Esta propuesta de reglamento identifica más de 22 tipos diferentes de entidades exentas, entre las que se encuentran las que están sujetas a supervisión estatal o federal, y que informan a los reguladores de valores, inversiones, seguros o bancos. Las exenciones también incluyen a las autoridades gubernamentales, a los asesores de fondos de capital riesgo, a los servicios públicos, a los vehículos de inversión agrupados, a las entidades exentas de impuestos y a las entidades que ayudan a las entidades exentas de impuestos.
También están exentas las “grandes empresas operativas” definidas como cualquier entidad que:
- emplee a más de 20 trabajadores a tiempo completo en Estados Unidos,
- tenga una presencia operativa en una oficina física en Estados Unidos, y
- presentó una declaración del impuesto federal sobre la renta o una declaración informativa correspondiente al año anterior en la que se declaraban más de 5 millones de dólares en ingresos brutos o ventas, excluyendo los ingresos brutos o las ventas fuera de Estados Unidos.
¿Qué personas deben ser identificadas?
Como parte de los requisitos de información de la CTA, las empresas declarantes deberán identificar dos categorías de individuos:
- Las personas físicas autorizadas a constituir una entidad a nivel de la secretaría de estado,
- Los beneficiarios finales de la entidad, definidos según las normas como cualquier individuo que ejerza un control sustancial sobre una empresa declarante, o que posea o controle al menos el 25 % de la misma.
¿Qué información debe proporcionar cada empresa declarante?
La empresa declarante deberá comunicar cuatro datos relativos a cada uno de sus solicitantes y beneficiarios efectivos de la empresa: su nombre, fecha de nacimiento, domicilio y un número de identificación único procedente de un documento de identidad aceptable.
¿Cuáles son los plazos de presentación?
Las entidades del ámbito de aplicación recién constituidas deben presentar la información a la FinCEN en un plazo de 14 días a partir de su constitución y, a partir de entonces, anualmente. Las empresas del ámbito de aplicación constituidas antes de que la CTA se convierta en ley tendrán que presentar la información en un plazo de uno a dos años desde que se convierta en ley, con un calendario específico que se detallará cuando se finalice la ley.
¿Existen sanciones en caso de incumplimiento?
Las sanciones por incumplimiento no tienen precedentes y son severas, incluyendo multas de hasta 500.000 dólares y posibles penas de prisión.
Las empresas deben prepararse
Aunque el momento exacto en que la normativa se convierta en ley sigue siendo incierto, cuando entre en vigor afectará a millones de empresas. Las empresas deben prepararse ahora para buscar orientación de sus abogados y asesores fiscales para determinar si sus entidades están sujetas a este nivel de información a la FinCEN.
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