En el informe GBCI del año pasado vimos que muchos gobiernos habían introducido medidas para aliviar la presión sobre las empresas durante la pandemia. Entre ellas se encontraban las exenciones fiscales, el aumento de los derechos de los empleados y la aceleración de los informes digitales. Los cambios se realizaron para disminuir el estrés financiero o administrativo, pero a menudo ocasionaron una mayor complejidad para las empresas.
A medida que el mundo sale de la pandemia, hemos encontrado que algunos de estos cambios llegaron para quedarse pero otros se adoptaron a corto plazo; medidas de adaptación que han sido revertidas, o están en el proceso de serlo. Esto ha vuelto a ocasionar una complejidad a corto plazo para las empresas. Por ejemplo, en Brasil, que lidera el ranking del GBCI en 2021 y 2022, la complejidad estuvo en su nivel máximo durante los últimos dos años debido a la adopción y consecuente reversión de las normas relacionadas con la pandemia.
Retroceso en las exenciones fiscales adoptadas durante la pandemia
El año pasado se redujo el número de jurisdicciones en las que todas las empresas estaban obligadas a pagar el impuesto a las sociedades/impuesto sobre la renta. El GBCI 2022 muestra que esta fue una medida a corto plazo, con el porcentaje de jurisdicciones en las que es obligatorio alcanzando los niveles de 2020.
El gobierno de Nueva Zelanda fue especialmente progresista y solidario en su respuesta al covid-19, presentando una serie de medidas de apoyo a las empresas. Por ejemplo, las autoridades posibilitaron a las empresas el pago de los impuestos pendientes en cuotas, o su condonación total en caso de dificultades graves. Estas medidas siguen vigentes, pero lo más probable es que lleguen a su fin.
El pago del impuesto sobre la propiedad en las instalaciones comerciales también redujo su frecuencia durante el pico de la crisis. En 2021, poco más de una cuarta parte de las jurisdicciones exigían a algunas o a todas las empresas el pago del impuesto al menos cada tres meses. Esto se compara con una de cada tres jurisdicciones en 2020 y desde entonces ha repuntado a los niveles de 2020.
Medidas temporales para proteger a los empleados en 2021
En el momento más crítico de la pandemia, muchas empresas consideraron reducir su personal debido a la disminución de los ingresos y al temor por la supervivencia. Los gobiernos de todo el mundo determinaron que era crucial que los niveles de desempleo se mantuvieran lo más bajos posible. Por ello, muchos crearon programas de ayuda temporal, como el esquema “furlough” en el Reino Unido, o el “chômage partiel” en Francia, para incentivar a las empresas a mantener a su personal.
Además de estos esquemas de apoyo, algunos gobiernos dieron un paso más, promulgando leyes para que las empresas actúen. En 2021, observamos cómo se reforzaban temporalmente los derechos de protección de los trabajadores, reduciéndose a sólo una de cada cinco jurisdicciones la posibilidad de despedir a un empleado sin citar un motivo.
En Italia, entraron en vigor las leyes de emergencia llamadas “Cura Italia”, que hicieron ilegal el despido de cualquier empleado, incluso con una razón válida. En Corea del Sur, el gobierno hizo prácticamente imposible despedir a los empleados. Esto, sumado a la semana laboral máxima de 52 horas de Corea del Sur, hace que el entorno empresarial sea más complejo y la legislación sobre el despido de empleados siga siendo estricta en 2022. La ley de normas laborales (LSA) obliga a toda empresa con más de cinco empleados a tener una razón justa para despedir a un trabajador. También obliga a las empresas a pagar una indemnización a los empleados despedidos.
En el punto álgido de la pandemia aumentó el número de empresas que ofrecen, o están obligadas a ofrecer, días de licencia por enfermedad pagos a su personal permanente, pasando del 89 % de las jurisdicciones en 2020 al 95 % en 2021. Este año, hemos visto que el pago de los días de licencia por enfermedad ha vuelto a bajar al 90 %, lo que significa que en una de cada diez jurisdicciones los empleados fijos no reciben su pago cuando están de baja por enfermedad.
El gobierno danés reembolsó a las empresas los días de licencia por enfermedad de sus empleados. Esta medida proactiva supuso un aumento de la carga administrativa para recuperar los fondos y, en casos extremos, provocó un aumento del fraude y posteriores multas.
Durante la pandemia se quitó prioridad a algunas prestaciones económicas. El requisito de que las empresas ofrezcan fondos de pensiones se flexibilizó temporalmente, pasando del 58 % de las jurisdicciones en 2020 al 48 % en 2021. Este fue un cambio temporal, y desde entonces ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia.
El empleo flexible sobrevivirá a la pandemia
La pandemia ha provocado un cambio importante y a largo plazo en las modalidades de trabajo. Muchos gobiernos ordenaron el cierre de oficinas en el inicio de la pandemia, y los trabajadores tuvieron que instalarse en sus casas. En 2021, vimos que casi una cuarta parte (23 %) de las jurisdicciones ofrecían, o estaban obligadas legalmente a ofrecer, la opción del trabajo a distancia como beneficio para los empleados permanentes, frente al 10 % a principios de 2020.
Mientras las oficinas vuelven a abrir o han vuelto a abrir, la tendencia al trabajo a distancia ha aumentado, hasta el punto de que es legal o habitual en la mayoría de los sectores en el 31 % de las jurisdicciones. Es evidente que los empleados se han adaptado bien al trabajo desde sus casas y han demostrado que una fuerza laboral a distancia puede ser eficaz, incluso beneficioso. Las empresas han reconocido el potencial de ahorro en los costos generales y el hecho de que los acuerdos de trabajo flexible pueden ser necesarios para retener a su personal y atraer talento.
Sin embargo, el aumento del trabajo a distancia tiene consecuencias fiscales. En EE. UU., si un empleado trabaja en un estado diferente al de la empresa, debe cumplir la normativa fiscal del estado en el que trabaja. Este no era el caso durante o antes de la pandemia, pero la legislación posterior a la pandemia se ha aprobado porque el trabajo a distancia llegó para quedarse.
Cambio temporal hacia la normativa internacional
Durante la pandemia, muchos gobiernos relajaron temporalmente sus normas en relación con la residencia de los directores y las transferencias de acciones de una entidad a otra.
En 2021, vimos un aumento del 74 % de las jurisdicciones que no exigen que ningún director de la empresa sea residente local. Sin embargo, en 2022 se volvió al mismo nivel que en 2020, con solo el 69 % de las jurisdicciones que lo permitían, por lo que casi un tercio de las jurisdicciones exigen ahora que al menos un director de la empresa sea residente local.
En Suecia, tener un residente local como director de la empresa aporta claros beneficios, incluyendo el impulso hacia la simplicidad empresarial. BankID es un aspecto clave de las operaciones, al que sólo pueden acceder los residentes locales con un número personal sueco. La apertura de una cuenta bancaria, la realización de pagos, el inicio de sesión en los buzones digitales y la recepción de correos de parte de las autoridades requieren una identificación bancaria.
En 2021 también se produjo una relajación temporal de la libre transferencia de acciones de la empresa de una entidad a otra. En 2021, solo el 5 % de las jurisdicciones no lo
La digitalización de los procesos de información es rápida y permanente
El último gran cambio provocado por el covid-19 es la aceleración de la digitalización de los procesos de información. Muchos países se han visto obligados a ajustar sus procesos de digitalización, lo que ha dado lugar a distintos niveles de éxito. Por ejemplo, en Turquía, la aceleración de la digitalización ha dado lugar a enfoques divergentes por parte de las distintas autoridades, en lugar de a la adopción de procesos centralizados, lo que ha provocado confusión y complicaciones excesivas para las empresas que deben utilizarlos. No hay indicios de que la centralización de estas plataformas vaya a producirse pronto.
En Grecia, donde se ha introducido la digitalización, la complejidad de las empresas parece haberse trasladado a la esfera digital, en lugar de verse reducida por ella. Por ejemplo, las organizaciones pueden, en teoría, constituir una empresa en línea. Sin embargo, este proceso debe ajustarse a una plantilla en línea, y si surge alguna circunstancia que requiera desviarse de esta plantilla, los representantes de la empresa tendrán que visitar a un escribano en persona. Se calcula que sólo un 10 % de las empresas han podido constituir su empresa utilizando la plantilla en línea sin ningún cambio. Por lo tanto, aunque el esfuerzo por reducir la complejidad existe en teoría, en la práctica no está funcionando para 9 de cada 10 usuarios.
En otro extremo, el proceso de digitalización en Jersey ha sido un éxito, ya que ha reducido la necesidad de interacción cara a cara entre las empresas y los organismos gubernamentales, facilitando significativamente los negocios.
El GBCI
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