El Congreso uruguayo aprobó una nueva ley contra el lavado de dinero que ayudará a regular la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el país.
El 10 de enero de 2018, el Congreso uruguayo aprobó la Ley N° 19.574. La misma agrupa todas las reglamentaciones e información sobre la lucha contra el lavado de dinero en un documento que incluye las consecuencias previstas ante el incumplimiento de la ley. La ley establece los objetivos del Anti-Lavado de Dinero (AML, en inglés) y de la Comisión contra el Financiamiento del Terrorismo (FTC, en inglés), supervisados por el gobierno y compuesto por los Ministerios y la Secretaría Presidencial. El FTC trabajará en conjunto con la unidad de AML y el Banco Central del Uruguay.
¿A quién afecta la nueva ley contra el lavado de dinero en Uruguay?
La nueva ley afectará a todo individuo o compañía regulada por el Banco Central del Uruguay. La ley divide a las partes obligadas en dos categorías: 1) entidades financieras y 2) entidades no financieras.
El Banco Central regula a las entidades financieras que incluyen:
- bancos
- fiduciarios
- compañías de cambio de divisas
- mercados de valores
- fondos de pensión
- administradores de fondos de inversión
- asesores de inversión.
Las entidades no financieras son las nuevas partes obligadas e incluyen:
- abogados cuando actúan en representación de sus clientes
- compañías localizadas en la Zona Franca
- partidos políticos
- fundaciones
- organizaciones sin fines de lucro
- contadores públicos cuando actúan como asesores independientes
- fideicomisos
- proveedores de servicios corporativos
- escribanos públicos.
En Uruguay, toda persona privada puede ser un fiduciario no profesional. Pueden actuar como fiduciarios en un fideicomiso privado que no esté regulado por el Banco Central del Uruguay. Anteriormente, ello podía generar que se produzca el lavado de dinero pero con la nueva ley, la situación cambiará dado que deberán adherirse a las nuevas políticas de anti-lavado de dinero.
La ley ayudará a todas las compañías reguladas a recopilar información sobre sus clientes o los beneficiarios finales del cliente. Los individuos afectados por la ley deberán verificar el origen de los fondos, analizar a sus clientes y reportar cualquier actividad sospechosa al Banco Central.
Consecuencias del incumplimiento
El BCU será responsable de las consecuencias originadas por individuos o compañías que no se adhieran al cumplimiento de la Ley N° 19.574. Pueden recibir advertencias, multas considerables o la revocación de licencias específicas por no reportar la información de sus clientes.
Obtenga ayuda de los expertos
Incluso antes de que se apruebe esta ley, TMF Group siempre ayudó a sus clientes a mantenerse en cumplimiento con los más altos estándares del anti-lavado de dinero, esté o no regulado específicamente en la jurisdicción. Dado que esta ley se encuentra vigente en Uruguay, podemos brindar servicios para ayudar a los abogados y clientes no financieros a comprender y cumplir con estas nuevas reglas y regulaciones.
TMF Uruguay es un fiduciario financiero regulado por el Banco Central del Uruguay, con amplia experiencia en el cumplimiento de la ley de anti-lavado de dinero. Contáctenos y permítanos ayudarlo tanto a usted como a su negocio.