El impulso hacia la transparencia garantiza el cumplimiento
Una mayor transparencia empresarial es el principal impulso de los cambios normativos más recientes. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea (UE) buscan tener un mayor control sobre lo que hacen las empresas, y dónde y por qué lo hacen. Su objetivo es combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales y garantizar el cumplimiento de las normas relacionadas con el medio ambiente, los derechos de los trabajadores y otros ámbitos claves de la política gubernamental.
Con el creciente aumento de la transparencia, las empresas deben cumplir con las exigencias normativas o enfrentarse a importantes sanciones.
El impulso hacia la transparencia y el control se manifiesta en muchos cambios normativos recientes:
- Las normas de divulgación obligatoria (MDR), que entraron en vigor en toda la UE a partir de marzo de 2020, tienen como objetivo mejorar la comprensión de los reguladores de las estructuras de las empresas a nivel internacional, para garantizar que tienen un propósito comercial legítimo y no para minimizar los impuestos.
- Los estándares comunes de información (CRS) son una iniciativa del G20 que comenzó en 2017 y se está extendiendo por todo el mundo. La información que las empresas proporcionan a las autoridades fiscales en el marco de CRS se comparte automáticamente con las autoridades fiscales de otras jurisdicciones. Esto permite a las autoridades fiscales recaudar impuestos sobre los activos globales no declarados.
- Este esfuerzo por descubrir y gravar los ingresos no declarados también está llevando a los reguladores a centrarse en los activos digitales y las criptomonedas. La nueva legislación relacionada con este ámbito de rápido crecimiento está prevista para los próximos 12 a 18 meses y se aplicará a los propietarios, creadores y distribuidores de activos digitales. La legislación incorporará normas contra el blanqueo de capitales para evitar que los activos digitales se utilicen para financiar actividades ilícitas como el tráfico de drogas y el terrorismo.
- El comportamiento de las empresas con respecto a las normas en materia de medio ambiente, responsabilidad social y gobierno corporativo (ESG) es otro foco de atención de la normativa. Además, los propios clientes de las empresas también prestan cada vez más atención a estas cuestiones, especialmente en el sector de la gestión de fondos, donde los grandes inversores institucionales quieren que sus administradores de inversiones demuestren su compromiso con los principios ESG a la hora de tomar decisiones de inversión. El cumplimiento de estos requisitos aumenta la carga de información de las empresas en este ámbito.
Diversas sanciones y riesgos por incumplimiento
La tendencia hacia una mayor transparencia corporativa tiene amplias consecuencias para las empresas. El cumplimiento de la legislación correspondiente es obligatorio, y las posibilidades de incumplimiento son cada vez menores: la rápida digitalización de los procesos de información está reforzando la capacidad de los gobiernos para controlar y compartir la información en todas las jurisdicciones.
Las sanciones por incumplimiento pueden ser importantes. Las multas son la forma más común de una sanción, y pueden ascender a millones de libras. El incumplimiento también puede acarrear otros costos. Ignorar los requisitos normativos tiende a generar problemas más grandes y complicados, cuya resolución requiere más tiempo y gastos.
Además de estos costos financieros directos, el incumplimiento también puede ocasionar daños a la reputación de una empresa que pueden afectar gravemente la viabilidad financiera de la compañía a largo plazo. Esto es particularmente cierto en relación con el incumplimiento de las normas ESG, donde la cobertura de prensa desfavorable sobre, por ejemplo, los procesos de producción que contaminan el medio ambiente, o emplean mano de obra esclava, puede llevar a los clientes a retirar su negocio en protesta. Por las mismas razones, las empresas también corren el riesgo de perder talento clave.
El incumplimiento puede ocasionar riesgos personales adicionales para los directores de una empresa. En la mayoría de las jurisdicciones, los directores pueden ser considerados personalmente responsables de las infracciones cometidas en sus empresas. En casos extremos, los directores pueden enfrentar penas de prisión.
Aumenta la carga administrativa del cumplimiento
La evolución reciente y futura de la normativa está aumentando la complejidad de los negocios, especialmente para las empresas que operan a nivel internacional. Para las compañías que operan en Europa, el cumplimiento es incluso más complicado por el hecho de que las directivas reguladoras emitidas por la UE son traducidas a la legislación nacional por cada Estado miembro de la UE. Esto puede dar lugar a notables variaciones en la legislación de los distintos países miembros.
Las empresas deben adoptar un enfoque sistemático del cumplimiento, que supervise la evolución de la legislación, evalúe sus implicaciones para la actividad de la empresa y formule un plan de acción adecuado para garantizar que la empresa esté siempre protegida de los diversos riesgos de incumplimiento.
Para evitar esta costosa tarea, y el importante compromiso de mano de obra y otros recursos que conlleva, las empresas pueden recurrir a un especialista externo para que los asesore acerca de sus responsabilidades normativas y asuma la carga administrativa.
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